Antecedentes 3

Definir la inclusión educativa para llevarla a la práctica 

Durante el tiempo que dure la lectura de este artículo, en múltiples lugares del “empobrecido sur”, muchos miles de niños y niñas morirán como resultado de haber contraído enfermedades curables o simplemente de hambre o sed. Entre los que tengan más “suerte”, sic, millones sobrevivirán en contextos sociales de pobreza2 y marginación y si llegan a asistir a una escuela, ésta serán igualmente pobre en recursos, con un profesorado  mal formado y mal pagado y, por todo ello, tendrán acceso solamente a una enseñanza precaria, escasa y de mala calidad, lo que difícilmente les permitirá un nivel de “educabilidad” aceptable (Tarabini y Bonal, 2012). Como consecuencia de todo lo anterior todos esos estudiantes verán truncado en un sentido profundo, su derecho a la educación (Bonal y Tarabini, 2012) y su esperanza de poder escapar del circulo de la reproducción de la desigualdad. Mientras tanto, en muchos lugares del “enriquecido norte” que mantiene este estado de cosas, no cejará, sin embargo, el quebranto para otros muchos niños, niñas, o jóvenes en edad escolar, aunque su situación y el contexto social sea cuantitativa- mente distinto al de aquellos. En porcentajes que a veces superan el 25% de la población escolar, y formando un heterogéneo grupo de realidades personales, familiares, sociales y étnicas, muchos alumnos y alumnas abandonarán temprana- mente o terminarán formalmente su enseñanza obligatoria en precario, estigmatizados y sin las competencias básicas e imprescindibles para insertarse socialmente en la vida activa con algunas garantías de no caer en el mismo esquema de reproducción de la desventaja y la desigualdad de sus coetáneos del sur. Se sabe con certeza que los costes monetarios de estos proce- sos de exclusión –cuando se relacionan, por ejemplo, con las tasas de abandono escolar–, son muy altos por cuanto tienen un efecto muy negativo sobre la tasa de ocupación y el nivel de salarios de la ciudadanía y además acarrean otras consecuencias no monetarias que inciden de forma directa en la calidad de vida de las personas (Calero, Gil y Fernández Gutiérrez, 2012). Lo paradójico de esta situación es que siendo la educación cada vez más necesaria para la inclusión laboral y social es, al mismo tiempo, claramente insuficiente. 

Echeita, G.(2013). Definir la inclusión educativa para llevarla a la práctica. En la calle: revista sobre situaciones de riesgo social, (26), 11-15.